SOBRE LA ABTP

Historia

Dotado de una inmensa costa y de una extensa red de hidrovías interiores, Brasil tiene en sus puertos un insustituible motor de desarrollo y la principal puerta, tanto para las exportaciones como para las importaciones.

La lucha por una nueva y moderna legislación para los puertos brasileños dio origen a la creación de la Asociación Brasileña de Terminales Portuarios (ABTP) el 5 de abril de 1989, constituida originalmente por 35 empresas titulares de terminales privados.

Tras casi cuatro años de intensos debates en el Poder Ejecutivo y en el Congreso Nacional, se sancionó en febrero de 1993 la Ley N.º 8.630, también conocida como Ley de Modernización de los Puertos, resultado de un amplio acuerdo político del que participaron las representaciones de las categorías económicas y laborales implicadas y todas las corrientes políticas del Congreso Nacional. De este modo, se instauró un nuevo modelo legal para la actividad portuaria, ahora más receptivo a la iniciativa privada.

El nuevo marco legal que permitió la privatización de actividades y servicios en los puertos públicos llevó la ABTP a ampliar su ámbito inicial pasando, a partir de 1997, a agregar y representar, también, a los terminales de uso público que tuvieron sus operaciones transferidas hacia la iniciativa privada.

La ABPT es una Sociedad civil sin ánimo de lucro, con domicilio social en Brasilia y representa a más de 100 terminales portuarios de uso exclusivo mixto y público, responsables de un movimiento de, aproximadamente, 90% de la carga generada por el comercio exterior brasileño. Además, trata de las cuestiones relacionadas con la actividad portuaria, sobre todo aquellas referentes a los derechos y obligaciones de los terminales portuarios, incluso a nivel internacional.

La ABTP efectúa un trabajo asociativo y participativo en la defensa directa de los intereses de los titulares de instalaciones portuarias, teniendo siempre en consideración, como beneficiario final, al cliente del puerto. Por ello, parte de su actuación está dedicada a promocionar el desarrollo tecnológico de las operaciones de carga y descarga, siempre objetivando la eficiencia, la calidad y la obtención de costes competitivos para los servicios portuarios.

Visión Institucional

"Ser reconocida como líder del pensamiento y de las acciones del sector empresarial portuario".

Misión

"Movilizar a los asociados para que contribuyan hacia la modernización y competitividad del sector portuario nacional".

Objetivos

• Actuación junto a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en todas las esferas del gobierno, defendiendo el desarrollo de la actividad portuaria.
• Incentivo a la convivencia constructiva entre los sectores público y privado en el sistema portuario.
• Defender los principios consagrados en la Ley de Modernización de los Puertos (N.º 8.630/93) y apoyar los marcos reguladores garantizando la modernización de los puertos, el respecto a los contratos y la seguridad jurídica.
• Estructuración y adopción por parte del gobierno federal de una política portuaria establecida por la Ley N.º 8.630/93 que garantice la libertad de contratar y operar en condiciones isonómicas.
• Capacitación del sistema portuario nacional para hacer frente a los retos del crecimiento económico y alcanzar los estándares internacionales de eficiencia.
• Mejora en la infraestructura de acceso terrestre y hidroviario a los puertos y terminales.
• Nuevo modelo de gestión portuaria, autónomo, orientado por una mentalidad empresarial y subordinado al Consejo de la Autoridad Portuaria (CAP).
• Mantenimiento del nuevo modelo de ejecución de servicios de dragados (Ley N.º 11.610/07), en bases permanentes.
• Seguimiento del Régimen Tributario para Incentivo a la Modernización y la Ampliación de la Estructura Portuaria (REPORTO) y creación de una línea de crédito sectorial para soporte a las preinversiones e inversiones en la modernización tecnológica de los terminales portuarios.
• Adaptación de los contratos de explotación de áreas e instalaciones portuarias a los dispositivos de la Ley de Modernización de los Puertos (N.º 8.630/93).
• Capacitación de los gestores y funcionarios portuarios, mediante permanente formación y fortalecimiento de los Órganos Gestores de Mano de Obra.
• (OGMOs) como forma de garantizar el creciente incremento de la productividad en las operaciones portuarias.
• Institución con un régimen laboral moderno, flexible, productivo y que aumente el nivel de vida del trabajador portuario.

Conquistas y realizaciones

• Apoyo y participación en la elaboración del proyecto que originó la Ley de Puertos (N.º 8.630/93);
• Obtención de seguridad jurídica para los terminales portuarios a través de los contratos de arrendamiento y de adhesión;
• LIBERTAR (AUTONOMÍA) para contratar trabajadores para la movimentación de cargas;
• Pago de tarifas condicionado exclusivamente a la prestación de servicios por parte de las administraciones portuarias;
• Reducción de los costes en más del 50% e incremento superior al 100% en la productividad de los puertos;
• Control aduanero  en las instalaciones portuarias;
• Participación de representante de los terminales privados en los Consejos de Autoridad Portuaria (CAPs) y en los Consejos de Supervisión de los Órganos Gestores de Mano de Obra (OGMOs);
• Acuerdo obtenido en el Senado Federal en el momento de la votación de Ley de creación de la ANTAq, obligando que la Agencia respete las disposiciones de la Ley N.º 8.630/93 que rigen los contratos de arrendamiento y de adhesión, así como el funcionamiento de los CAPs;
• Conquistas sobre los intentos de los legisladores de modificar la Ley N.º 8.630/93, de modo que se suprimiera las conquistas del sector empresarial;
• Participación activa en la implementación del ISPS Code, coordinando la actuación empresarial, negociando y estableciendo un clima de cordialidad, comprensión y cooperación con CONPORTOS y demás autoridades brasileñas implicadas;
• Creación de la Subcomisión de Puertos y Logística por parte de la Comisión de Desarrollo Económico, Industria y Comercio de la Cámara de los Diputados, respondiendo a las solicitudes de la ABTP y la Comisión de Puertos para la suspensión de la Resolución n.º 55 de ANTAq;
• Apoyo a la creación y prórroga del Reporto (Régimen Tributario para Incentivo a la Modernización y la Ampliación de la Estructura Portuaria), importante herramienta de fomento para adquisición de nuevos aparatos y actualización tecnológica de los terminales portuarios.

Principales desafíos

• Exceso de burocracia y, por consiguiente, de tiempo improductivo en el sistema portuario;
• Judicialización en el sector, implicando un incremento en los costes y en el tiempo para solucionar conflictos;
• Constantes iniciativas en el ámbito legislativo con el fin de modificar, con retrocesos, la Ley N.º 8.630/93;
• Intentos de debilitar los CAPs y los OGMOs;
• Presión permanente de las entidades sindicales de los trabajadores, apoyadas por el Ministerio del Trabajo y Empleo, así como por el Ministerio Fiscal del Trabajo, con el fin de forzar que los terminales portuarios contraten/ soliciten trabajadores independientes;
• Movimientos de sucesivas huelgas de los órganos públicos en los puertos;
• Presiones de los ayuntamientos para cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IPTU) de los terminales de uso público;
• Intento de la Consejería de Patrimonio de la Unión (SPU) para cobrar de los terminales portuarios el uso del espejo de agua.